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21/01/2014 – Parlamento Europeo
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido dar seguimiento a las quejas presentadas por cinco ciudadanos españoles sobre la prospección de petróleo en Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias) por una supuesta infracción de la legislación comunitaria en materia de hábitats, aves, aguas y evaluación de impacto medioambiental. Los peticionarios destacan el riesgo de que posibles vertidos petrolíferos amenacen el suministro de agua de las islas. Además, reprochan a las autoridades españolas la escasa participación ciudadana en el proceso.

Por su parte, la Comisión Europea considera prematuro constatar una infracción de la legislación europea, puesto que todavía no tiene constancia de que el proyecto de exploración haya sido autorizado por las autoridades en España. En este sentido, muestra su compromiso de permanecer “vigilante”, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas.

El peticionario Pedro Hernández Camacho ha alertado de que las actividades de prospección conllevan “riesgos catastróficos”. Además, ha criticado que los trámites para la autorización se estén llevando a cabo sin la participación ciudadana adecuada. “¿Por qué poner en riesgo nuestra forma de vida por una actividad que tiene fecha de caducidad y conlleva riesgos?”, se ha cuestionado.

María del Carmen Cabrera, otra de las peticionarias, ha destacado que la única fuente de agua potable de las islas es el mar. “Ante un derrame mínimo las potabilizadoras quedarían paralizadas”, ha advertido. “El binomio agua potable y petróleo es, desde mi punto de vista, imposible”, ha sentenciado.

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha expresado el “rotundo apoyo” de su partido a los peticionarios. En este sentido, ha denunciado el riesgo que existe de que una futura autorización infrinja la legislación comunitaria, por lo que ha pedido mantener abierta la petición. El también socialista Vicente Garcés se ha mostrado crítico con la postura del Ejecutivo comunitario: “Es necesario que la Comisión no se limite a ir sobre hechos consumados. La CE debe ser más beligerante”, ha declarado.

Por su parte, el eurodiputado del PPE Gabriel Mato ha confesado que no puede apoyar las “pretensiones” de los peticionarios. “Me quedo con lo que ha dicho la Comisión: no hay vulneración. Esa es la realidad”, ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que todos los argumentos que presentan los opositores al proyecto son “en caso de accidente”, por lo que ha apostado por minimizar esa probabilidad.

El eurodiputado del grupo de los Verdes/ALE Raül Romeva ha denunciado que un impacto sobre el medio ambiente no sólo es posible sino que además es irreversible, por lo que defiende aplicar el “principio de precaución”. Por su parte, Iñaki Irazabalbeitia, del mismo grupo parlamentario, ha destacado que el principal problema concierne a los derechos fundamentales, ya que se está poniendo en peligro el acceso al agua potable.

El eurodiputado de GUE/NGL Willy Meyer ha reprochado a las autoridades españolas y a la Comisión que no se opongan al proyecto, dado que “éste no tendría cabida ni siquiera en Estados Unidos, donde han aprendido de los errores del pasado”, ha dicho en referencia al vertido de BP en el golfo de México de 2010.

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